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Ex presos y sus familias defensoras de derechos humanos persisten en la exigencia de justicia y reparación integral

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de marzo de 2023

Boletín No. 07

 

Ex presos y sus familias defensoras de derechos humanos persisten en la exigencia de justicia y reparación integral

 

  • Cumplimento total de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de La ONU.

 

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), impulsa y se solidariza con la lucha de los ex presos y sus familias, quienes en el caminar se han convertido en personas defensoras de la libertad y por la reconstrucción de su proyecto de vida. Exigimos el total cumplimiento de la Opinión número 43/2021[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada en su 91 período de sesiones, llevado a cabo del 6 al 10 de septiembre de 2021 relativa a Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad en Chiapas, la cual determinó que el Estado mexicano es responsable por la detención arbitraria de los cinco compañeros y por lo tanto debían ser puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos.

Los compañeros y el colectivo de familiares, así como organizaciones en el ámbito local, nacional e internacional, han impulsado exigencias de sus derechos ante un sistema de justicia que les privó arbitrariamente de la libertad por décadas y causó, en sus personas y familias, daños profundos en su proyecto de vida y familiar, así como en su salud física y emocional.

La memoria y los agravios nos recuerdan cómo los cinco compañeros caminaron un largo proceso de demandas de derechos humanos, organizándose al interior de las cárceles para denunciar, incluso a través de una huelga de hambre de 135 días, que sus casos ejemplificaban un patrón de fábrica de culpables que se vive en Chiapas. Es decir que sus vidas fueron aprisionadas con el fin de que el sistema de justicia aparentara ser funcional, así como su empecinamiento contra personas indígenas quienes han sido histórica y sistemáticamente excluidas y discriminadas.

A la fecha, de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el Estado ha cumplido solo con su liberación, lo que es insuficiente cuando la vida de los cinco y sus familias fueron gravemente lesionadas, desde verse en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención; algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tener que buscar otros ingresos; las enfermedades han sido también un problema derivado de la tortura y las condiciones carcelarias en el caso de las víctimas directas, por su parte muchos familiares también enfermaron física y emocional tras el desgaste de la prolongación de las detenciones arbitrarias.

Ahora en libertad, los compañeros y sus familias se enfrentan al reto de rehacer sus vidas en condiciones adversas tras los impactos psicosociales de la fábrica de culpables: estigma social, pérdida de medios de trabajo, salud deteriorada, una economía familiar adversa, imposibilidad de tener de nuevo una casa propia. Esta difícil situación se representa en el hecho de que cuatro de los cinco compañeros se vieron en la necesidad de migrar en búsqueda de oportunidades laborales, lo que suspende por más tiempo la reintegración de su vida familiar.

Para el Frayba la justicia y la reparación integral son exigencias puntuales y necesarias para acercarse a los derechos que le corresponden a ellos y sus familias, en el sentido de que puedan retomar con mejores condiciones los sueños y proyectos de vida que el gobierno mexicano obstruyó, y que este cumpla con las acciones pertinentes de justicia bajo los estándares internacionales.

Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas y urgimos que sean cumplidas en su integridad la suma de medidas de reparación integral exigidas el pasado 8 de marzo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB, aclarando que no se trata de concesiones o regalos, sino de medidas basadas en los impactos psicosociales sufridos y que representan las condiciones mínimas para reparar la salud física y psicológica, proyecto de vida, daño material e inmaterial, así como para garantizar la verdad, satisfacción y no repetición de la fábrica de culpables y tortura en Chiapas.

Hacemos público también, que como parte de las exigencias para que nadie más viva una situación similar, los cinco ex presos, junto a sus familias, exigen dentro de las medidas de reparación dos procesos de investigación experta e independiente sobre el patrón de fábrica de culpables y la situación carcelaria en Chiapas, cuya labor lleve a un reconocimiento profundo de esta problemática y la aplicación de medidas de no repetición.

 


[1]    Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/A_HRC_WGAD_2021%2043_2021_AdvanceEditedVersion.pdf