Desde el año 2010 al 2021, se han registrado aproximadamente 14,476 mil personas desplazadas en el estado de Chiapas; en la región de Los Altos de Chiapas se ha agudizado el fenómeno a causa de la actuación de grupos armados ilegales, específicamente en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama; algunos de estos vinculados al crimen organizado como en el caso de los municipios de San Andrés Duraznal y Pantelhó, todos del pueblo maya-tsotsil.
Por las características que actualmente se están dando los desplazamientos, lo consideramos una forma de tortura ya que la población está en constante asedio, les infunden miedo, terror, sufrimiento físico y mental, con el objeto de controlar el territorio y apropiarse de él. La población en su conjunto vive una violencia cotidiana. Se encuentra envuelta en un contexto que se vuelve torturante. Es importante mencionar que las víctimas de los pueblos originarios sufren injusticias transversales: por su cultura, idioma y sexo. Además de la escasez de alimentos. El desplazamiento forzado, debido a las causas que lo generan, sus consecuencias y condiciones en que se encuentran las personas desplazadas, así como sus efectos físicos, psicológicos, comunitarios y los daños irreversibles por este acontecimiento traumático en el ámbito personal y comunitario son equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Las comunidades desplazadas se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad respecto a la salud, alimentación, vivienda adecuada, que ponen en riesgo la vida e integridad personal; lo cual les afecta en lo físico, psicológico, comunitario y cultural. Existe un rompimiento del tejido social al vivir una violencia prolongada, la migración de personas desplazadas a otras ciudades y la ausencia de la reproducción de la cosmovisión indígena provoca una paulatina pérdida de la cultura, además de que recrudece la pobreza en la región al no poder trabajar sus tierras como fuente de vida.
