-onx9mz.jpg)
El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:
• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.
• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;
• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).
• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.
• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.
