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Denuncia pública de familiares de los presos de San Juan Cancuc, Modevite y Pueblo Creyente

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 22 de agosto de 2023

 

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

A los 15 meses de detención, encarcelamiento y condena de 25 años de cárcel, hoy 22 de agosto de 2023 se lleva a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la Fiscalía Indígena y la jueza de primera instancia Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas: por ejemplo las contradicciónes de los supuestos testigos , la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Exigimos a los magistrados Julio Cesar Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josue Alejandro Utrilla Bravo de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, que dicten una sentencia de segunda instancia realmente apegada a derecho y a la constitución y ordenen la inmediata liberación de los cinco compañeros presos injustamente, ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.