A 15 años de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, este Centro de Derechos Humanos reafirma que el Estado mexicano se empeña, no sólo en garantizar, sino en profundizar la situación de impunidad para proteger a los autores, materiales e intelectuales, de los agravios más profundos de nuestra Memoria Histórica.

Para el Frayba la desaparición forzada de Minerva entra en el marco de una estrategia de guerra de baja intensidad implementada por el gobierno mexicano contra la población civil y enmarcada en una política de contrainsurgencia detallada en el Plan de Campaña Chiapas ’94. Minerva fue elegida premeditadamente por el hecho de ser mujer, víctima de la guerra y del abuso del poder ejercida en su contra por parte de los paramilitares de Paz y Justicia, con la anuencia y la participación activa del Gobierno Federal, encabezado en ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Ante las recientes excarcelaciones de seis autores materiales de la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirma la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger a quienes han protagonizado en nuestro país crímenes de lesa humanidad. De tal manera, los fallos que ha resuelto la SCJN abordan requisitos de forma sin indagar el fondo del caso, perpetuando impunidad para los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Han pasado cinco años de la Masacre de Viejo Velasco y el Estado ha sido negligente, las investigaciones no han sido eficaces para el esclarecimiento de los hechos, ni mucho menos en la ubicación precisa de los responsables materiales e intelectuales del evento, además de obstruir la labor y el proceso de búsqueda de la verdad llevada a cabo por organizaciones independientes y de derechos humanos que de manera conjunta con los familiares sobrevivientes a la masacre, laboran para que el crimen no quede en la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) condena enérgicamente el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce de la revista Contralínea y Rocío González Trápaga, periodista independiente, y se une a la exigencia de justicia para que se realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las autoridades responsables por acción y/u omisión en estos actos.