Desde mediados del año 2003, la defensa de los paramilitares presos actualmente en el penal “El Amate” ha venido realizando una campaña a favor de dichos civiles. En esta campaña, se han visto involucrados miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana, y desde hace aproximadamente un año, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien a principios del 2007 asumió la defensa jurídica de los aún procesados.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido que los Estados deberán abstenerse de ejecutar desalojos forzosos por ser contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en lo relativo al párrafo 1 de su artículo 11, sobre el derecho a una vivienda adecuada. Además ha dicho que los desalojos forzosos por lo general dan pie a nuevas violaciones a derechos humanos. El siguiente caso tiene características especiales dado que el Estado mexicano no sólo cometió y sigue cometiendo violaciones a sus obligaciones internacionales en derechos humanos de manera general.