El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido que los Estados deberán abstenerse de ejecutar desalojos forzosos por ser contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en lo relativo al párrafo 1 de su artículo 11, sobre el derecho a una vivienda adecuada. Además ha dicho que los desalojos forzosos por lo general dan pie a nuevas violaciones a derechos humanos. El siguiente caso tiene características especiales dado que el Estado mexicano no sólo cometió y sigue cometiendo violaciones a sus obligaciones internacionales en derechos humanos de manera general.

Más de 30 personas, la mayoría mujeres y niños, sobreviven desde hace días en un antiguo prostíbulo de La Trinitaria, al sureste de Chiapas, tras haber sido desalojados de sus comunidades en Montes Azules a la espera de que el gobierno decida dónde reubicarlos.