Este Centro tuvo conocimiento que el pasado domingo 27 de abril por la madrugada, de acuerdo con el testimonio directo de los habitantes de la Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, se llevó a cabo un operativo policiaco por aproximadamente 500 elementos policiales, quienes fueron guiados por siete civiles armados originarios del municipio de Teopisca, y del Ejido Nuevo León de Venustiano Carranza; al parecer para ejecutar órdenes de aprehensión giradas en contra de pobladores de Cruztón.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.” solicita su intervención URGENTE para exigir la libertad inmediata de los indígenas Choles Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, privados de su libertad arbitrariamente desde el año de 1996 y recluidos en la Cárcel Municipal de Tacotalpa Tabasco.

Este Centro de Derechos Humanos acudió, el pasado lunes 21 de abril a las 12:30 horas, al interior del Centro de Readaptación Social Número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas en atención a la solicitud de intervención por parte de los presos políticos indígenas de La Voz de los Llanos y tres presos solidarios quienes sufrieron agresiones a su integridad.

Este Centro de Derechos Humanos tiene conocimiento que 23 presos tsotsiles y tseltales que se reivindican como presos políticos en el Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14) en Cintalapa y en el Centro de Readaptación Social número 5 (Cereso 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, demandan el desistimiento de la acción penal del Ministerio de Justicia del Estado declarandose en “huelga de hambre indefinida” hasta que el estado mexicano restituya los derechos violentados.

Este Centro de Derechos Humanos tiene conocimiento que 14 presos tsotsiles y tseltales que se reivindican como presos políticos en el Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14) en Cintalapa, Chiapas, demandan el desistimiento de la acción penal del Ministerio de Justicia del Estado y se han declarado en “huelga de hambre indefinida” hasta que el estado mexicano restituya los derechos violentados al momento de su detención y procesos penales.